La
Comisión Europea aprobó esta semana varias
propuestas clave para combatir en
forma más eficiente a los grupos terroristas a través de una mayor
transparencia corporativa, sometiendo las monedas virtuales a las normas contra
el lavado de dinero, reduciendo el umbral de identidad para las tarjetas de
prepago e incrementando el caudal de intercambio de información entre las
unidades de inteligencia financiera.
Las
modificaciones introducidas en la Cuarta Directiva contra el Lavado de Dinero
son la primera iniciativa para implementar un plan
de acción presentado el pasado
febrero para reforzar la lucha contra la financiación del terrorismo, aumentar
la transparencia fiscal y combatir el fraude fiscal.
Las
medidas de la Comisión son producto de los ataques terroristas en Bruselas,
Bélgica y París en los que murieron más de 160 personas, y el conocimiento de
que estos grupos terroristas han utilizado tarjetas anónimas prepagadas en los
ataques, y que en algunos casos fueron apoyados por donantes que operaban a
través de empresas fantasmas anónimas. El grupo también citó específicamente al
caso conocido como Panamá Papers como un elemento que generó impulso para el
cambio.
Como
parte de la iniciativa, el plazo para la transposición de la Cuarta Directiva
por parte de los países –que se finalizó en de mayo de 2015—, se ha recortado
desde junio de 2017 a finales del presente año. La comisión también saldrá con
lista de “terceros países” de riesgo que obligará a los bancos a realizar un
mayor escrutinio a estas regiones en lo que respecta a los vínculos con la
delincuencia financiera.
Las
propuestas “ayudarán a las autoridades nacionales a atrapar a personas que
esconden sus finanzas para cometer delitos tales como actividades terroristas”,
señaló en un comunicado Frans Timmermans, Primer Vicepresidente.
Los
Estados miembro “podrán obtener y compartir información vital acerca de quién
posee realmente las empresas o fideicomisos, quién está negociando con divisas
virtuales, y quién está utilizando tarjetas prepagadas. Hacer pública la
información sobre quién está detrás de las empresas y fideicomisos también debe
ser un fuerte elemento de disuasión para los potenciales evasores de
impuestos”.
La
Comisión anima a los Estados miembro a modificar también sus propias leyes para
estar en línea con las nuevas propuestas, aunque todavía deben ser adoptados
por el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros.
Uno de
los principales cambios que seguramente será bien recibido por la sociedad civil,
periodistas y el público en general es un cambio para permitir que los
registros sobre beneficiarios finales estén abierto al público en general, y no
sólo a los agentes de ley e instituciones financieras.
Actualmente,
bajo la cuarta directiva, la información sobre el beneficiario final de las
empresas y fideicomisos es accesible a las “autoridades competentes y las
entidades obligadas” para facilitar el cumplimiento de sus “obligaciones de
debida diligencia del cliente”, según la comisión.
La
Comisión cambió su tono.
La comisión
ahora propone “poner a disposición del público cierta información sobre el
beneficiario final que se encuentra en los registros y está relacionada con
sociedades y fideicomisos que se dedican a actividades económicas con el fin de
obtener utilidades”.
Sin
embargo, por “razones de privacidad, el acceso a información de fideicomisos
que no se dedican a actividades económicas, como por ejemplo los fideicomisos
familiares creados para financiar estudios, será otorgado solo a personas y
organizaciones que puedan demostrar un interés legítimo”, un termino con una
definición vaga.
“Hoy estamos
estableciendo normas de transparencia más estrictas para cortar con la
financiación del terrorismo e intensificar nuestra lucha contra el lavado de
dinero y la evasión fiscal”, dijo Věra Jourová, Comisaria Europea de Justicia,
Consumidores e Igualdad de Género.
“La
actualización de la Cuarta Directiva sobre el Lavado de Dinero evitará
cualquier laguna en Europa para los terroristas, criminales o cualquiera que
trate de jugar con las reglas fiscales para financiar sus actividades. Una
mayor cooperación para combatir estos problemas hará la diferencia”.
A
continuación un resumen de las enmiendas propuestas para la Cuarta Directiva,
que buscan atacar el terrorismo, evasión de impuestos y empresas fantasmas
anónimas:
Combatir
la financiación del terrorismo:
Apuntalar los
poderes de las unidades de información financiera de la UE y facilitar su
cooperación: el alcance de la información accesible para las Unidades de
Inteligencia Financiera se ampliará, y tendrán acceso a la información en los
registros bancarios y cuentas de pago centralizados y sistemas centrales de
recuperación de datos, que los Estados miembro tendrán que establecer para
identificar a los titulares de cuentas bancarias y de pago;
Hacer
frente a los riesgos de financiación terroristas vinculados a las monedas
virtuales: para evitar el mal uso de las monedas virtuales para el lavado de
dinero y la financiación del terrorismo, la Comisión propone llevar a las
plataformas de intercambio de divisas virtuales y proveedores de la cartera de
custodia bajo la órbita de la Directiva sobre Lavado de Dinero. Estas entidades
tendrán que aplicar controles de debida diligencia del cliente cuando se cambian
monedas virtuales por monedas reales, terminando de esta manera con el
anonimato asociado a este tipo de intercambios;
Atacar
los riesgos relacionados con los instrumentos de prepago anónimos: la Comisión
propone también reducir al mínimo el uso de pagos anónimos a través de tarjetas
de prepago o prepagadas, mediante la reducción de los umbrales para la
identificación de € 250 a € 150 y la ampliación de los requisitos de
verificación del cliente;
Controles
más fuertes sobre países riesgosos: La Comisión propone armonizar la lista de
los controles aplicables a países con deficiencias en sus regímenes ALD/CFT.
Los bancos tendrán que llevar a cabo controles adicionales sobre los flujos
financieros procedentes de estos países.
Reglas
más estrictas sobre transparencia para prevenir la elusión fiscal y el lavado
de dinero:
Acceso ilimitado del público a la información de los beneficiarios finales de los
registros: los Estados miembros harán pública cierta información de los
registros sobre los beneficiarios finales de las empresas y fideicomisos
comerciales. La información sobre todos los otros fideicomisos será incluida en
los registros nacionales y estará a disposición de las partes que demuestren un
interés legítimo. Los beneficiarios finales que cuenten con un 10% de
participación en ciertas empresas que presentan un riesgo de ser utilizadas
para el lavado de dinero y la evasión de impuestos se incluirán en los
registros. El umbral se mantiene en 25% para las demás empresas.
Interconexión
de los registros: la propuesta prevé la interconexión directa de los registros
para facilitar la cooperación entre los Estados miembro.
Ampliar
la información disponible para las autoridades: La Comisión ha propuesto que
las cuentas, tanto nuevas como ya existentes, estén sujetas a controles de
diligencia debida. Esto evitará que las cuentas que pueden ser utilizadas para
actividades ilícitas escapen a la detección. Las empresas pasivas y los
fideicomisos, como los señalados en los Panamá Papers, también estarán sujetos
a un mayor escrutinio y normas más estrictas.
Por Brian Monroe- julio de 2016-
La Unión Europea adopta propuestas de mayor transparencia parar apuntalar el régimen antilavado
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